El importante crecimiento del delito y de la violencia en muchos
países de América Latina en los últimos años no solo ha implicado
altos costos económicos y sociales, sino que ha comprometido
la gobernabilidad democrática y la legitimidad del
Estado al socavar la confianza de los ciudadanos entre sí y en
las autoridades. Esta nueva edición del Reporte de Economía y
Desarrollo (RED) propone un enfoque para el análisis de la inseguridad
en donde el delito es consecuencia de decisiones que
toman individuos en contextos situacionales particulares. Si
bien es cierto que las creencias, percepciones, la capacidad de
autocontrol, y otros rasgos de la personalidad pueden inclinar a
un individuo hacia el delito, también importa el entorno físico y
social, los incentivos dados por la existencia de mercados ilegales
(p.e., la droga), y la credibilidad y eficiencia del sistema de
justicia criminal. Todo ello determina las oportunidades que se
abren para cometer un crimen. Es por ello que las acciones para
mejorar la seguridad ciudadana abarcan un amplio espectro de
dimensiones —la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, la
infraestructura urbana, las regulaciones económicas, la policía,
la justicia, las cárceles—. El diseño de políticas efectivas en
estas distintas áreas requiere, sin embargo, mejorar la información
estadística disponible y también adoptar mecanismos
de monitoreo y evaluación de las políticas que permitan aprender
sobre sus efectos cualitativos y cuantitativos, y sobre los
canales a través de los cuales se generan los impactos.